Fuente: www.diarioelcentro.cl
Acciones legales fueron entabladas por distintas entidades de Constitución, incluyendo al actual edil, sindicatos de pescadores, comerciantes e incluso una junta de vecinos.
Ante la Corte de Apelaciones de Talca acudieron diversas instituciones y particulares, a fin de cuestionar la aprobación por parte de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) del proyecto de Termoeléctrica Los Robles, iniciativa de la empresa Aes Gener que busca instalar -en la zona costera de Constitución- una planta que generará electricidad a través de la combustión del carbón.
Las acciones legales fueron presentadas, en forma separada, por el secretario de la Junta de Vecinos Costa Blanca-Papirúa, Sergio Recabal; además del presidente del Sindicato de Trabajadores Independientes Mariscadores de Orilla, Carlos Rojas. A ellos se suman los comerciantes Wildemar Díaz Tiznado y Hugo Orlando Concha, además del actual alcalde de Constitución, Hugo Tillería, pero actuando a modo personal como empresario.
Dichos recursos se suman al que entabló la abogada, Gabriela Castro, quien acudió a la Corte a principios del presente mes con una acción legal que incluso solicitaba a la Corte de Talca que paralizara temporalmente el decreto de aprobación de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) respecto al estudio de impacto ambiental de la empresa Aes Gener como responsable del proyecto energético.
En ese caso específico, el máximo tribunal regional se negó a dictar la “orden de no innovar”, pero en forma paralela acogió a trámite el recurso de protección y despachó oficios a diversas instituciones sanitarias y medio ambientales, quienes han hecho llegar sus informes, incluyendo al actual edil de la ciudad balneario.
TURISMO
En estas nuevas acciones legales, el texto de los recursos coinciden en señalar que la aprobación del estudio de impacto ambiental no consideró tres aspectos claves: el impacto sobre la forma de vida de las comunidades de Los Pellines y Loanco; la imagen del turismo en Constitución, por cuanto señalan que la ciudad será estigmatizada como una de las más contaminadas del país; y la desvalorización de inmuebles y viviendas aledañas al lugar donde se emplazará la planta.
Respecto a los plazos, un tema no menor por cuanto la aprobación del estudio se realizó el día 4 de diciembre y los recursos de protección tienen plazo límite de treinta días, los denunciantes indican que ellos fueron notificados luego que la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) publicara la resolución en su página web supuestamente el día 15 de diciembre, en cuya perspectiva argumentan que sus acciones legales no serían extemporáneas.
A su vez, en los cinco recursos de protección se pide a la Corte de Talca que declare como ilegal y arbitrario el decreto de aprobación dictado por la Corema, por estimar que se actuó haciendo caso omiso de las normas medioambientales chilenas, afectando además el derecho a la vida, a la propiedad y a residir en un lugar libre de contaminación, respecto a las organizaciones y personas que acudieron a la justicia.
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